miércoles, 29 de julio de 2015

La empresa mediana española (IV)

La empresa mediana española tiene 100,1 empleados, el coste medio anual por asalariado se situó en 2013 en 37.350 euros anuales, sus activos se elevan a 38,7 millones de euros y la factura 25,9 millones de euros (en 2013). 

En comparación con los países de nuestro entorno el tamaño en términos de activo medio está en la banda alta de la horquilla considerada por la CE, mientras que la facturación media se sitúa en la banda central.

En cuanto a la evolución durante 2009-2013, las empresas medianas incrementan su dimensión tanto en función del número medio de empleados por empresa como, especialmente, del activo medio por empresa.

La productividad de las empresas medianas, me­dida como cifra de negocio por empleado, se incre­menta a partir del año 2011 llegando a superar en 2013 la correspondiente a las empresas grandes.

Continúa el proceso de desapalancamiento de las empresas, como muestra la reducción de la ra­tio de deuda sobre fondos propios hasta niveles de 50,4% (mínimos desde el inicio de la crisis).

La capacidad de pago de las empresas media­nas también mejora en 2013 respecto al año ante­rior, como refleja la caída de la ratio de Deuda sobre EBITDA. El ratio de cobertura aumenta hasta máximos del año 2010 por el efecto combinado del incremento del EBITDA y la reducción de gastos financieros en 2013. 

El año 2013 marca un punto de inflexión en los resultados empresariales, de forma que se recupe­ran las ratios de rentabilidad en todas las empresas con independencia de su tamaño. En el caso de las media­nas la rentabilidad económica (EBIT/Activo) se sitúo en el 2,6%, niveles similares a los del año 2010 cuando empezó a descender.

Elevada ban­carización del crédito de las empresas españo­las, especialmente de las pequeñas y medianas que se encuentran con mayores dificultades para diversificar sus fuentes de financiación.

Las medidas propuestas para incentivar el uso de fuentes de financiación alternativas se cen­tran tanto en potenciar los recursos propios, a través de la cotización de pymes (Mercado Alternativo Bursátil) y de emisiones de deuda (Mercado Alternativo de Renta Fija), como en desarrollar mercados alternativos de fi­nanciación ajena adaptados a la dimensión empresarial. En este ámbito, la Ley de Fo­mento de Financiación Empresarial estable­ce, por primera vez, un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa (crowdfunding).  

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